Movilidad sostenible

Canarias suspende en la puesta en marcha de zonas de bajas emisiones

Las diez urbes de más de 50.000 habitantes tenían que tener las ZBE activas desde enero, ahora el Ministerio amenaza con quitar ayudas al transporte

Un joven circula en patineta por las calle de la capital grancanaria.

Un joven circula en patineta por las calle de la capital grancanaria. / Andrés Cruz

Las Palmas de Gran Canaria

Tres meses han pasado desde que se agotó el plazo, el pasado 31 de diciembre, que dio el Ministerio de Transición Ecológica para poner en marcha las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en los municipios que superen los 50.000 habitantes y todavía hoy no hay ningún proyecto en marcha en Canarias. En total, son diez las ciudades de las Islas que deberían haber hecho los deberes por su densidad de población, pero hasta ahora todas suspenden. Lo que las pone en una complicada situación, ya que el departamento que dirige Sara Aagesen tiene bajo la manga medidas para «reforzar la presión» sobre los municipios para que cumplan. ¿Cuáles? La amenaza de eliminar las ayudas al transporte a las ciudades que no implanten estas zonas ambientales cuyo objetivo es restringir la circulación de vehículos y reducir la contaminación. 

 La lupa está sobre Las Palmas de Gran Canaria (378.000 habitantes), Santa Cruz de Tenerife (209.000), San Cristóbal de La Laguna (154.000), Telde (102.000), Arona (85.000), Santa Lucía de Tirajana (75.000), Arrecife (64.000), Granadilla de Abona (54.000), San Bartolomé de Tirajana (53.000) y Adeje (50.000). Ninguna ha cumplido, pero todas avanzan con sus proyectos a diferentes ritmos. 

El Ministerio ya había concedido una prórroga en 2014 porque las zonas tenían que entrar en vigor en 2023. Y para controlar los avances, Transición Ecológica ha activado un mapa interactivo en el que se aprecia en qué punto están los procesos de las diferentes ciudades. En el Archipiélago todos están en trámite salvo los de Arona y Telde, que aparecen como "pendientes". Son las dos urbes que más retraso llevan en las Islas, ambas se encuentran todavía en el proceso de redacción de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible que incluya, entre otras cuestiones, la implantación de zonas de bajas emisiones, pero queda mucho camino que recorrer. 

Ordenanzas municipales

El resto avanza poco a poco con sus planes y mantiene al Ministerio informado del progreso, lo que elimina el riesgo de perder las ayudas estatales. Según los municipios canarios, al Estado le vale con recibir documentación que certifique que las zonas de bajas emisiones avanzan en el proceso administrativo y que se aprueban las ordenanzas municipales. La mayoría reconocen que no será hasta dentro de un año cuando puedan tenerlas en funcionamiento

El objetivo es mejorar la calidad del aire creando espacios a los que solo puedan acceder los vehículos menos contaminantes. Los municipios no solo tienen que delimitar las zonas, sino instalar cámaras y aparatos de control para vigilar que los ciudadanos cumplen con las restricciones.  

Desde el Gobierno de Canarias, concretamente desde la Consejería de Transición Ecológica, se está haciendo una labor de acompañamiento y asesoramiento a las urbes y se pretende unificar las ordenanzas para que todas las zonas de bajas emisiones de las Islas cuenten con un funcionamiento similar. 

Uno de los ayuntamientos que lleva el trabajo más avanzado es el de Las Palmas de Gran Canaria. El área de Movilidad ya tiene la ordenanza que regulará estos espacios y que ahora tendrá que ser aprobada en el Pleno. Se localizará en el barrio de Alcaravaneras, delimitado por las calles Pío XII, Pi i Margall, Luis Antúnez e Ingeniero Salinas y la idea es comenzar a instalar los sensores de calidad ambiental en los próximos meses. 

También en Santa Cruz de Tenerife se han puesto las pilas. El proyecto de ZBE –que abarca casi la totalidad de los barrios de El Toscal y Zona Centro– lo aprobó el Gobierno municipal en junio de 2024 y se encuentra en licitación la contratación del suministro, instalación y puesta en servicio de la ZBE. Se está preparando el proyecto de la ordenanza municipal así como la memoria de análisis de impacto normativo. El objetivo del Consistorio es que la implantación se realice en 2026, pero el proyecto ya se ha encontrado piedras en el camino. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife ha admitido un recurso interpuesto por Vox contra el proyecto. Y no sería el primer caso en el que un tribunal anula este tipo de iniciativas, ya ha ocurrido en otras ciudades como Madrid, Barcelona, Badajoz o Gijón. Lo que genera inseguridad jurídica. 

"Idas y venidas"

"Todas estas idas y venidas provocan que los equipos jurídicos de los ayuntamientos también tengan sus reticencias acerca de cómo implantar las zonas para no tener que estar siempre modificando y en juicios", explica el concejal de Movilidad Sostenible de San Cristóbal de La Laguna, Domingo Galván, quien asegura que esta ha sido una de las principales razones del retraso en la implantación. Su municipio va a la par de la capital grancanaria y pretende tener toda la documentación de sus tres zonas de bajas emisiones aprobada a finales de 2025. Galván también vincula el retraso a la falta de asesoramiento por parte del Estado. "Salen normas que nos obligan a hacer determinadas acciones, pero no van acompañadas de un plan económico ni de asesoramiento necesario", se queja. 

En San Bartolomé de Tirajana también han cogido carrerilla. Ya han aprobado en Pleno el reglamento definitivo y tienen el proyecto técnico y de implantación hechos. Ahora están preparando los pliegos para sacarlo a concurso público. Si todo va bien, la zona estará en marcha en un año y medio. El municipio, incluso, ha diseñado una solución de software de control que ha compartido con el resto de urbes canarias para que "lo copien".

Granadilla de Abona tiene desde el pasado miércoles nuevo gobierno, lo que deja en el aire el avance de este tipo de planes. Pero antes del cambio, en enero, el municipio ya aprobó el reglamento de la ZBE que abarcará barrios como San Isidro, El Médano y Los Abrigos. La primera fase, prevista hasta 2026, incluye la implantación, la creación de zonas de estacionamiento regulado y aparcamientos disuasorios. Y una segunda fase, hasta 2030, de peatonalización de los entornos, mejora de la red de transporte público y extensión de la red ciclista.

En Santa Lucía de Tirajana el avance es mucho menor. No tienen desarrollado el modelo de reglamento y tampoco la ejecución. Eso sí, llevan desde 2010 implantando medidas para sacar el tráfico de algunas zonas recurriendo a la peatonalización, lo que les servirá de base para la futura ZBE. "Nos falta el recorrido técnico-legislativo para culminar la historia", reconoce el concejal de Movilidad, Leví Ramos, quien vincula el retraso a la «falta de músculo» y de equipos humanos en los ayuntamientos. "Es un trámite administrativo muy complejo y, hasta para los ayuntamientos grandes, es todo un reto", asegura.  

También Arrecife mira hacia 2026. El municipio tiene que actualizar su plan de movilidad para incluir las zonas de bajas emisiones y aunque ya cuenta con un proyecto que indica dónde sería adecuado implantar estos puntos, todavía no se ha aprobado. "Nos ha pillado a traspié, en Canarias los niveles de emisión no son tan altos y quizás las ciudades tienen otras prioridades", apunta el concejal de Movilidad y Transporte del municipio, Mario González. 

La implantación de ZBE en Adeje es una de las primeras medidas del Plan de Movilidad Urbana Sostenible del municipio, pero el proyecto todavía está "en plena elaboración".

Preguntas clave

¿Qué es una ZBE?

Se entiende por zona de baja emisión el ámbito delimitado por una Administración dentro de su territorio y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire. A la vez que se aplican medidas de movilidad complementarias, como son la priorización de la movilidad activa y en Vehículos de Movilidad Personal, los servicios públicos de transporte y la movilidad compartida.

¿Qué municipios tienen que implantarlas de forma obligatoria?

La Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética establece que todos los municipios de más de 50.000 habitantes deben implantar al menos una ZBE. En Canarias estos municipios son: Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna, Telde, Arona, Santa Lucía de Tirajana, Arrecife, Granadilla de Abona, San Bartolomé de Tirajana y Adeje.

¿Cuándo entran en funcionamiento?

Depende de cada municipio. Actualmente no hay ningún municipio en el Archipiélago con la regulación de las Zonas de Bajas Emisiones aprobadas. La mayoría espera ponerlas en marcha para 2026, pero darán un plazo de seis meses de adaptación antes de comenzar a imponer sanciones a los ciudadanos que no cumplan con las restricciones. Una vez pasen los seis meses, los que se salten la normativa tendrán que pagar multas.

¿Qué vehículos pueden acceder a las zonas de bajas emisiones?

Las restricciones vendrán delimitados por la etiqueta ambiental y afectan a todos los vehículos, salvo aquellas excepciones que considere cada administración local. Hay cinco categorías de etiquetas, de menos a más sostenible: sin distintivo, etiqueta B, etiqueta C, etiqueta ECO o etiqueta 0. Cada municipio puede establecer la limitación por etiqueta, por horario o por tipo de vehículo.

¿Las restricciones afectan a los residentes de las zonas de bajas emisiones?

En teoría, la normativa aplicable sobre las ZBE es común para todos los coches, porque no depende del lugar de residencia, sino de la clasificación de cada vehículo según su nivel de contaminación. Sin embargo, los municipios pueden aplicar excepciones a los usuarios empadronados en las ZBE que tengan vehículos que no cumplen con las condiciones de restricción para favorecer su movilidad.

¿Cuáles son las sanciones?

Las sanciones por acceder, circular o estacionar en una Zona de Bajas Emisiones con un vehículo al que se aplican las restricciones puede acarrear multas de hasta 200 euros sin retirada de puntos. Una cantidad que se reduce a la mitad, 100 euros, con pronto pago. Cada municipio puede establecer criterios de moratoria temporales para la aplicación de las sanciones, aunque la ZBE se encuentre en funcionamiento.

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