El Gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado una batalla para poner freno a la proliferación de universidades privadas y ha anunciado una serie de medidas para elevar el nivel de exigencias en el proceso para dar luz verde a un nuevo proyecto. El Ejecutivo central ha puesto el foco en dos comunidades en las que el número de universidades privadas se ha incrementado en los últimos años: Madrid y Andalucía. Y lo ha hecho, además, con el ánimo de confrontar dos modelos educativos supuestamente contrapuestos, con el foco puesto en dos gobiernos del PP con mayoría absoluta.
En ese contexto, la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz (además de virtual candidata socialista a la Junta de Andalucía en 2026), María Jesús Montero, acusaba el pasado miércoles al presidente andaluz, Juanma Moreno, de poner una alfombra roja a la llegada a la comunidad de nuevas universidades privadas mientras bloqueaba la aprobación de nuevos títulos en la pública. Y puso como ejemplo el caso del nuevo grado de Medicina en Sevilla que puso en marcha en el curso 2023-24 la Universidad Loyola, una institución impulsada por la Compañía de Jesús. "Ahora no se amplían las plazas de Medicina pero la Junta pone en marcha universidades privadas que no tienen control de calidad", afirmó Montero en un foro organizado por El Correo de Andalucía.
Pero, o la memoria le ha jugado a la ministra una mala pasada o los informes que le han hecho llegar al respecto son incompletos. Pues, precisamente, fue el Ministerio de Universidades, dirigido por Diana Morant, el que intervino para que el grado de Medicina de Loyola pudiera arrancar definitivamente en el curso 2023-24, después de que su proyecto recibiera un informe desfavorable por parte de la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), que depende la de la Junta.
La ACCUA pidió un dictamen sobre el nuevo título académico a la Comisión de Evaluación de la Rama de Conocimiento de Ciencias de la Salud, formada por "personas expertas del ámbito académico nacional e internacional, profesionales y estudiantes". Esa comisión emitió en mayo de 2023 un "informe de evaluación desfavorable", dado que, a lo largo de proceso, la Loyola no había solventado algunas de las deficiencias que se le habían señalado en un informe provisional anterior. Entre otras cuestiones, se echaba en falta, por ejemplo, una mayor garantía sobre los proyectos de construcción y dotación de laboratorios y sobre el centro de simulación clínica. Además, se advertía de que el 82,9% de la docencia estaba asignada a profesorado adjunto y profesorado asociado, quedando sólo el 17,1% asignada a profesorado titular y catedrático.
Sin embargo, la Universidad Loyola recurrió ese dictamen ante la Comisión de Reclamaciones de Verificación y Acreditación de Planes de Estudio del Consejo de Universidades, dependiente del Ministerio de Universidades. Esta comisión, en una sesión celebrada el 12 de septiembre de 2023, y tras examinar la documentación presentada por la Universidad Loyola de Andalucía, aceptó la reclamación y se dirigió a la agencia andaluza para que volviera a evaluar el proyecto. El presidente de esa comisión era el propio secretario general de Universidades, José Manuel Pingarrón, es decir, el que era entonces el segundo en el escalafón del Ministerio.
La ACCUA convocó entonces una segunda comisión, con otros integrantes, que, esta vez sí, dio luz verde al nuevo grado de la Loyola.
Todas estas vicisitudes provocaron un retraso en el proceso de aprobación del título por parte del Consejo de Gobierno de la Junta, que le dio finalmente el visto bueno en su sesión del 21 de noviembre de 2023, casi tres meses después del comienzo del curso.
En la información ofrecida entonces, el Gobierno andaluz avisaba de que la titulación podía empezar a impartirse de forma inmediata, aunque, "teniendo en cuenta que el año académico comenzó el pasado mes de septiembre, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha solicitado a Loyola Andalucía un plan riguroso y detallado en el que se recojan tanto la nueva programación docente que garantice la impartición de todos los créditos del plan de estudio para este primer año, así como las garantías legales para el proceso de matriculación y el calendario de exámenes". Aunque con un retraso de casi tres meses, la Loyola consiguió arrancar en diciembre su primer curso del Grado en Medicina, con 60 alumnos.
En paralelo, la Junta ha aprobado en los últimos años la puesta en marcha del Grado de Medicina en las únicas tres universidades andaluzas que no lo tenían: Almería, Jaén y Huelva. Así, en el curso 2024-25, las universidades públicas de la comunidad han ofertado un total de 1.306 plazas de nuevo ingreso en sus facultades de Medicina, lo que supone un 30% más, es decir, 300 plazas adicionales, con respecto al año académico 2018/2019, último curso del mandato socialista. Ese incremento se debe, según subrayó el consejero, José Carlos Gómez Villamandos, a la implantación de este grado en Jaén, Almería y Huelva, "así como a la ampliación de un 10% de media de las plazas en el conjunto de las facultades de Medicina del sistema público".