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Conrado Domínguez y Ana María Pérez, a las puertas de la Ciudad de la Justicia. C7

La Fiscalía Europea ordena investigar las cuentas y bienes de Conrado Domínguez y Ana María Pérez

Aprecia «indicios fundados» de su participación en una presunta malversación en contratos por importe de más de 17 millones durante la pandemia

Francisco José Fajardo y Francisco Suárez Álamo

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 30 de abril 2025, 16:43

La Fiscalía Europea ha ordenado una investigación a fondo de las cuentas, bienes y patrimonio del que fuera director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, y de la exdirectora de Recursos Económicos de ese ente, Ana María Pérez, ante los «indicios fundados» de su participación en una presunta malversación de caudales públicos en relación con contratos de suministro sanitario durante la pandemia de covid-19.

El decreto de la Fiscalía Europea, emitido esta semana y al que ha accedido este periódico, señala que se trata de contratos por importe de «más de diecisiete millones de euros».

La Fiscalía mantiene abierta al menos dos investigaciones en torno a los contratos sanitarios realizados por el Gobierno canario ante la emergencia sanitaria por la pandemia. Uno es el de RR7, que recibió 4 millones de euros por la compra de un millón de mascarillas, material que nunca fue entregado.

Esas causas están en manos de la Fiscalía Europea al haber utilizado fondos comunitarios para los pagos, ya fuera en una fase inicial del trámite administrativo -como sucedió con RR7- o endosando finalmente el abono al dinero habilitado por Europa.

En esta otra investigación, la Fiscalía agrega que «en el presente estado de la causa, es necesario proceder a la averiguación patrimonial respecto de ambos funcionarios públicos, Conrado Domínguez Trujillo y Ana María Pérez Afonso, a los efectos de determinar su participación en los hechos, los posibles beneficios que hubieran obtenido de los mismos y el destino final de los efectos y ganancias procedentes del delito, así como, en el momento oportuno, proceder a asegurar las responsabilidades pecuniarias derivadas de los hechos delitos objeto de la investigación».

La Fiscalía Europea agrega que «ambos podrían ser titulares de diversas propiedades, radicadas dentro del territorio nacional e internacional, y dada la existencia de indicios suficientes de su intervención en condición de autores del delito especial de malversación, resulta imprescindible realizar la oportuna averiguación de bienes (...) a efectos de identificar: cuentas bancarias en las que se encuentren como titulares o autorizados; cuentas bancarias de las mercantiles en las que ostenten cualquier tipo de carga societaria; bienes muebles e inmuebles muebles e inmuebles de los que sean propietarios o posean por cualquier título, tanto de forma directa como por las sociedades en las que ostenten cualquier tipo de cargo social».

Así mismo, se ordena «recabar el auxilio de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos con la finalidad de identificar activos, bienes, instrumentos, ganancias o efectos a nivel internacional provenientes de las actividades delictivas investigadas».

En su momento, la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas ordenó investigar el patrimonio de Conrado Domínguez y Ana María Pérez en el marco del caso de RR7. Esa instrucción pasada de la Justicia canaria a la Fiscalía Europea, al reclamarla este organismo al entender que la competencia era suya por la presencia de comunitarios para cubrir los pagos de aquel contrato.

Conrado Domínguez dirigió el Servicio Canario de la Salud en su segunda etapa al frente de ese organismo entre 2020 y finales de 2022. Fue nombrado por el Gobierno del Pacto de las Flores en sustitución de Alberto Pazos y presentó su dimisión tras estallar el caso Mascarillas. La publicación por parte de este periódico de mensajes suyos con el dueño de RR7 lo llevó a dimitir cuando el Gobierno le comunicó que, de no hacerlo, sería cesado.

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