El Gobierno debe una media de 408 euros a cada funcionario por las subidas salariales que mantiene retenidas a estas alturas del año. La negativa del Ministerio de Función Pública a activar el pago del incremento del 0,5% que todavía debe del último acuerdo plurianual y las largas que está dando Óscar López a los sindicatos para negociar la actualización de los sueldos para este año elevan la factura que se adeuda ya a los empleados públicos hasta los 1.224 millones de euros. Y subiendo.
Son los cálculos de la central sindical de funcionarios CSIF, que está liderando las protestas en las calles contra el secuestro de los sueldos de más de tres millones de empleados públicos. «Rechazamos ser rehenes de un Gobierno incapaz de pactar unos Presupuestos Generales del Estado», insistían ayer fuentes del sindicato tras haber constatado la intención de López de vincular la subida salarial del colectivo a la negociación de los PGE. «CSIF considera que el Gobierno puede aplicar una subida sin más por decreto, como se hizo hace dos semanas con el personal militar», incidieron.
Cabe recordar que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 25 de marzo un real decreto en virtud del cual se incrementó el salario de los miembros de las Fuerzas Armadas en 200 euros. En el marco del aumento del gasto en defensa para cumplir con los compromisos internacionales, el Ministerio de Defensa impulsó esta medida con un coste total de 400 millones de euros.
Ahora, el sindicato más representativo del conjunto de empleados públicos insta al Gobierno a utilizar esa misma herramienta legal para cumplir con el compromiso que adquirió el Ministerio de Función Pública en el último acuerdo plurianual en el que estableció una subida salarial adicional del 0,5% si la inflación superaba la mejora de los sueldos en el periodo 2022-2024, como así sucedió. Según sus estimaciones, el cumplimiento de ese compromiso supondría un gasto total de 504 millones de euros, a razón de 168 euros de media para cada funcionario.
A esa cantidad el sindicato le añade lo que proyecta que tendrían que haber aumentado sus nóminas en lo que va de año, en ausencia de un acuerdo para 2025. En concreto, CSIF calcula que el Gobierno debe «una subida mínima del 2,8% para acompañar lo sueldos al IPC». Con la referencia de la inflación a cierre de 2024, estiman que la deuda asciende a 80 euros por cabeza y mes, lo que supone una deuda de 240 euros por nómina y un total de 720 millones acumulados hasta marzo.
De modo que, entre lo que tendría que pagarles por el 0,5% extra y lo que debería abonar para compensar la inflación este año, el Ejecutivo tendría que desembolsar un total de 408 euros a cada funcionario. En base a los cálculos de CSIF, el importe total de la factura que adeuda a estas alturas asciende ya a 1.224 millones de euros. Una cantidad que irá subiendo a medida que vayan pasando los meses y el ministro López continúe sin ceder a la presión de los sindicatos.
Ayer mismo, CCOO convocó una concentración a las puertas del Ministerio de Hacienda para exigir a subida de sus salarios y la negociación de un nuevo acuerdo plurianual. «No aceptamos que el cumplimiento de los acuerdos logrados y cerrados, como es el abono del 0,5% pendiente de 2024, quede supeditado a una aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para este ejercicio que no sabemos si se producirá», denunció el coordinador del Área Pública del sindicato, Lucho Palazzo.
CCOO advirtió de que mantendrá e intensificará las movilizaciones hasta que el Gobierno atienda sus demandas no sólo en materia salarial, sino en el resto de cuestiones pendientes del último acuerdo, como la plena implantación del modelo de clasificación profesional conforme al actual marco de cualificaciones profesionales; un plan específico de digitalización para las zonas de menor población o en riesgo de exclusión; creación de empleo neto en las administraciones públicas; reducción de la temporalidad y rejuvenecimiento de las plantillas.
Por su parte, CSIF fue más allá y amenazó al Gobierno con llevar a cabo «paros parciales» en las administraciones públicas si no libera ya los 1.224 millones que está reteniendo y negocia la subida de este año y una nueva oferta de empleo público.