El empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este viernes un escrito en el Juzgado de Instrucción Número 19 de Madrid con el objetivo de acreditar que no existe ninguna actividad delictiva derivada de sus negocios con el grupo Quirón.
El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid declaró ayer ante la magistrada como imputado por los delitos de corrupción en los negocios y administración desleal y negó cualquier irregularidad.
En el documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO, González Amador subraya que "todos los contratos, proyectos y facturación emitida a la mercantil Quirón Prevención S.L., además de haber sido objeto de comprobación por la Agencia Tributaria" han sido sometidos "en la gran mayoría de los casos" con una a certificación por entidades independientes".
Asimismo, recalca el investigado que fruto de una inspección tributaria, "todos y cada uno de los ingresos percibidos por Maxwell con origen en la mercantil Quirón Prevención S.L. en los ejercicios 2019, 2020 y 2021 han sido objeto de comprobación tributaria".
Sobre la compra por medio millón de euros de una sociedad, Círculo de Belleza SL, propiedad de la esposa de Fernando Camino Maculet, presidente de Quirón Prevención, el empresario recalca que vio una oportunidad de negocio por la red de distribución con la que contaba la citada mercantil y añade que el precio de 500.000 euros era la "cuantía mínima que calculaba que podría obtener en el primer ejercicio sólo de la venta de sus servicios de certificación a oficinas de farmacia".
González Amador se lamenta en el escrito que después de que se filtrase su expediente tributario y la investigación abierta por fraude fiscal -hechos que han conllevado a la imputación de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado- ha sido "materialmente imposible disponer del tiempo y los recursos (económicos y personales)" para desarrollar las líneas de negocio en torno a la sociedad Círculo de Belleza S.L.
Por último, la pareja de Ayuso arremete contra las acusaciones populares ejercidas por PSOE y Más Madrid y señala que unas "consideraciones de imputación tributaria" de Hacienda relacionadas con la liquidación del Impuesto de Sociedades "han sido transformadas por los partidos políticos, acusaciones populares en la presente pieza que carece de contenido alguno, que carece de víctima alguna y que versa sobre hechos que carecen de relación alguna con ningún ilícito penal y, por lo mismo, procede su fin".