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La plantilla de LogiRail, la filial bajo sospecha por enchufismo en el 'caso Ábalos', parará en protesta por la precariedad laboral

CCOO denuncia que la filial de Renfe incumple las "obligaciones básicas en materia laboral" para una plantilla de 4.000 trabajadores

Pasajeros en los andenes de Cercanías de la estación de Atocha.
Pasajeros en los andenes de Cercanías de la estación de Atocha.Javier Barbancho
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Las condiciones laborales de LogiRail, la filial del grupo Renfe a la que recurre el operador para cubrir los servicios que no alcanza con su estructura, han llevado a los sindicatos a movilizar a la plantilla del grupo auxiliar para denunciar la precarización del trabajo en la compañía. LogiRail, con 4.000 trabajadores, es una gran empresa pública donde, según los sindicatos, la reforma laboral que llegó para mejorar la vida de los trabajadores, a duras penas se hace valer.

La mayor parte de los contratos que se realizan son por obra y servicio; las rotaciones de puestos de trabajo son habituales cada seis meses; solo las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI)que impulsa el Gobierno mueven al alza las tablas salariales de la plantilla e «incumple otras obligaciones legales básicas», según apuntó ayer CCOO.

Se da la circunstancia de que LogiRail, una empresa desconocida fuera del mundo ferroviario a pesar de su gran tamaño, ha sido colocada en el centro de las conversaciones a raíz del 'caso Ábalos'. Informaciones referidas a las investigaciones en curso indican que el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, buscó en la empresa pública filial de Renfe un empleo como auxiliar administrativo para Clara Montes, con quien se le relaciona entre 2019 y 2022, la época en la que trabajó en LogiRail. Montes ha rechazado estas acusaciones así como su relación con Ábalos, que habría encontrado también en las mismas fechas trabajo para otras dos mujeres en Ineco -también bajo tutela de Transportes- y Tragsatec, perteneciente a Tragsa, dependiente del Ministerio de Hacienda.

Las protestas en LogiRail no están relacionadas con el caso de corrupción pero sirven de telón de fondo. CCOO denuncia que la empresa mantiene «las peores condiciones laborales y salariales dentro del sector ferroviario público», hasta tener la necesidad de tener que revisar continuamente las tablas salariales tras cada subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Además señala que las cerca de 4.000 personas que componen su plantilla, llevan años «sin un convenio colectivo estable». El segundo convenio se publicó después de su denuncia, y el tercer convenio colectivo, firmado en noviembre de 2023, todavía no se ha publicado.

«La oferta de empleo público presentada para 2024 es claramente insuficiente para reducir la alta temporalidad que afecta a gran parte de la plantilla, es necesaria una convocatoria urgente y suficiente que permita la consolidación real del empleo», añade a la lista de motivos.

El mayor sindicato ferroviario denuncia que no se está llevando a cabo la progresión profesional de categorías; que «incumple obligaciones legales básicas», al carecer de un Plan de Igualdad y de un Plan Anual de Formación; y que tampoco existe un comité general de empresa.