Fue el lunes 20 de abril de 2015 cuando un niño de 13 años recorrió a pie los pocos metros que separaban su casa del instituto barcelonés IES Joan Fuster, subió por las escaleras hasta la segunda planta y protagonizó un ataque inédito, el primero documentado de estas características en España según señaló entonces el sindicato estatal de docentes de la enseñanza pública Anpe.
Con una ballesta modificada para disparar proyectiles caseros y un machete que llevaba escondidos agredió a la profesora de Lengua Castellana de segundo de la ESO, a su hija -alumna del centro- y a otro menor antes de toparse con el profesor sustituto de Ciencias Sociales. Era Abel Martínez, de 35 años, quien llevaba sólo diez días en el centro y que falleció tras recibir el ataque del menor con el machete en el tórax. Un suceso que causó una fuerte conmoción social por su excepcionalidad y del que justo ahora se cumplen diez años.
¿Qué pasó después y qué ha cambiado desde entonces? Tras la intervención de los Mossos d'Esquadra, los exámenes médicos a los que fue sometido el menor determinaron que había actuado durante un brote psicótico. Dos semanas más tarde, el juzgado de instrucción 24 de Barcelona archivó la causa ya que el niño de 13 años era inimputable. Una circunstancia que recoge la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, y que sigue vigente en la actualidad: en su artículo 3 establece que en el caso de que un hecho delictivo sea cometido por un menor de 14 años no se le exigirá responsabilidad (desde el punto de vista penal), sino que «se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes», recuerda Xavier Campà, abogado y presidente de la Sección de Derecho de la Infancia y de la Adolescencia del ICAB.
La ley fija que es la Fiscalía es encargada de remitir el caso a los servicios sociales de cada comunidad. En el caso de Cataluña, el organismo competente es la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA), dependiente de Derechos Sociales de la Generalitat. A preguntas de este periódico, desde el Ejecutivo rechazan dar detalles «de ningún caso en particular» por motivos de «confidencialidad».
En líneas generales y en sucesos con menores «inimputables», la DGAIA aplica un programa en el que «un equipo valora el caso y se realiza un estudio de la situación personal, social y familiar para abordar los factores de riesgo que puedan generar conductas disociales en el futuro». El grupo está formado actualmente por una psicóloga, dos educadoras referentes, un educador comunitario y una administrativa. «Si es necesario, se inicia un acompañamiento educativo terapéutico desde el mismo servicio o se activan los recursos más adecuados para atender las necesidades detectadas (por ejemplo, si se da el caso, atención a la salud mental)», resumen.
A nivel social, el caso del niño de la ballesta y la trágica muerte de Abel generaron un fuerte impacto y abrieron un debate en las aulas por la gravedad de los hechos ocurridos en un instituto de la Sagrera, un barrio de clase media de Barcelona, y su «excepcionalidad» que aún perdura. «Nunca más ha vuelto a pasar un suceso tan grave como este en un colegio», recuerdan fuentes de la comunidad educativa catalana.
Dos años después de la muerte de Abel, la Generalitat elaboró y puso en marcha un protocolo «ante situaciones de violencia hacia trabajadores dependientes del Departamento de Educación» de colegios e institutos públicos. Sin embargo, el documento dejó fuera «las situaciones de violencia grave causadas por alumnos del mismo centro» -sí incluyó «agresiones, amenazas o coacciones de miembros de la comunidad educativa o terceros» (por ejemplo, de padres) a docentes- y en estos casos llamó a aplicar un protocolo genérico de «situaciones de conflicto grave con el alumnado».
Sin embargo, los sindicatos (Ustec y CCOO, entre otros) han criticado en varias ocasiones la inexistencia de pautas sobre los ataques a profesores y han reclamado más medidas al Govern. «Es imprescindible un protocolo específico de actuación en caso de agresión del alumnado hacia el personal de los centros educativos para evitar situaciones de indefensión y mejorar las actuaciones de prevención», señaló CCOO precisamente en el noveno aniversario del crimen de Abel.
En la actualidad, el personal educativo dispone de una guía de 2023 sobre qué hacer «con menores de 14 años en situaciones de conflicto» o de infracción, además de la llegada hace dos cursos de los nuevos coordinadores de coeducación, convivencia y bienestar del alumnado, entre otras medidas y protocolos.
En el terreno judicial, el caso se archivó por la vía penal, pero los padres y el hermano de Abel Martínez iniciaron la reclamación administrativa para pedir una indemnización al considerar que falló la seguridad del centro, de titularidad pública. La Generalitat fue condenada a pagarles 250.000 euros, sentencia ratificada por el Tribunal Supremo. «Nunca tuvimos contacto con el menor ni con la familia», confirma el abogado del caso, José Antonio Calles (del bufete Calles Advocats), quien incide en la circunstancia de que no tenía 14 años, por lo que no se pudo juzgar el caso.
El trágico suceso también impactó de lleno en la Sagrera. «Fue un golpe fuerte, una herida importante», asegura una vecina. «Se armó una tremenda, por suerte las heridas acaban cicatrizando», resume otra mujer que recuerda «perfectamente» ese lunes 20 de abril de 2015. De hecho, el silencio es la respuesta común entre ex alumnos y ex profesores ante un caso que generó fuertes críticas entre los vecinos por el trato recibido por parte de los medios de comunicación.
En este sentido, el colegio incluso cambió de nombre en 2021 por la «connotación negativa» que el crimen de 2015 aún acarreaba. «Cuando se busca el instituto en Google continúa saliendo la noticia relacionada con aquellos hechos de hace 6 años en la primera página», recoge el resumen del plenario del consejo educativo de Sant Andreu en el que se aprobó.
«Un hecho como este crea alarma social, evidentemente, y aquí hay que reflexionar como sociedad [menciona a juristas, psicólogos, educadores, familias, etcétera] sobre las causas que pueden llevar a un niño a matar a otra persona». «Hay que reflexionar sobre si los valores que se transmiten, los contenidos violentos que hay en redes sociales, por ejemplo, son oportunos para crear este caldo de cultivo», insiste el abogado Xavier Campà (ICAB) sobre este tipo de sucesos con menores inimputables antes de subrayar, eso sí, su excepcionalidad.