Aigües de Barcelona advierte al AMB de "vulnerar" su acuerdo si no le adjudica una concesión de 800 millones para ocho ciudades

"Cualquier decisión contraria a adjudicar a Aigües de Barcelona" los suministros de agua de ocho ciudades con contratos caducados, entre las que destaca Sant Cugat del Vallès, "supondría una vulneración" de los acuerdos entre la empresa y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB). Con este rotundo tenor literal ha alegado la empresa Aigües de Barcelona a la concesión de 800 millones de euros que el AMB prevé licitar en el tercer trimestre de este 2025, según se desprende del documento emitido por la sociedad al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

La misiva, datada del pasado 24 de abril y firmada por el director jurídico de la suministradora de agua, Alejandro Jiménez Marconi, afirma que "el AMB está obligada" a tramitar expedientes por cada uno de los contratos vencidos en los municipios metropolitanos con el objetivo de "consolidar el servicio metropolitano del ciclo integral del agua mediante la adjudicación a su único gestor, Aigües de Barcelona, de los servicios de suministramiento en baja".

La empresa mixta, de la que de hecho participa el propio AMB  —en un 15%, el resto de capital social corresponde al Grupo Agbar (70%) y Criteria—, es ya la titular del suministro de agua en Barcelona y otras 22 ciudades de su área. Y, consecuentemente, entiende que el servicio en estas ocho ciudades que habían quedado fuera de su ámbito también le corresponde. Además de Sant Cugat, los municipios en cuestión son Cervelló; Corbera de Llobregat; La Palma de Cervelló; Tiana; Sant Andreu de la Barca; Molins de Rei; y Ripollet.

El principal argumento de Aigües de barcelona es que el servicio de suministro de agua en las 36 ciudades que integran el AMB no puede 'trocearse', ya que "el ciclo integral del agua es único e indivisible y se extiende a todo el territorio metropolitano", explica el documento. Ello pese a que, inicialmente, "por la necesidad de respetar ciertas situaciones contractuales, no se integrasen los servicios" en estas ocho ciudades, a día de hoy con contratos prorrogados.

La empresa justifica su posición con su memoria de constitución, "que tiene carácter obligacional, como documento contractual, tanto para Aigües de Barcelona como para el AMB", la cual afirma que "la fórmula para alcanzar la gestión del ciclo integral del agua requiere la constitución de un gestor único". Esta postura legal contrasta con la del AMB, que para el concurso ha previsto que a él no pueda presentarse Aigües de Barcelona como tal, pero sí otra estructura societaria del Grupo Agbar. La actual concesión a Aigües de Barcelona culmina el año 2047, mientras que la previsión de esta nueva contrata para ocho ciudades es terminar en el 2051, cuatro años después.

Debate PSC-Comuns en el AMB

La alegación de Aigües de Barcelona afloró en el Consejo Metropolitano del AMB del pasado martes 29 de abril, cuando aludió a ella la portavoz de los Comuns, la concejala barcelonesa Janet Sanz. En su opinión, la carta "demuestra que la empresa sólo quiere maximizar su beneficio", además de que es indiciaria, dejó caer Sanz, de que esta nueva concesión "no liberará al AMB de futuros contenciosos con Aigües de Barcelona". Los últimos contra la sociedad a los que ha tenido que hacer frente la administración municipal han resuelto que debe pagarle 32 millones de euros por costes de saneamiento impagados entre 2014 y 2020 por el AMB que lideró la exalcaldesa Ada Colau.

"Esperamos que este caso no acabe judicializado", contestó la vicepresidenta de Cicle del Aigua del AMB, la alcaldesa de Sant Joan Despí Belen García, quien reivindicó el compromiso del ente metropolitano con el agua "como servicio esencial y básico". También dio respuesta a Sanz el vicepresidente ejecutivo del AMB y alcalde de Cornellà de Llobregat, Antonio Balmón, que adujo en primera instancia la "preocupación" habitual en el seno interno de la administración metropolitana por que "actores que no forman parte de este Consejo puedan intervenir en nuestras decisiones". Cabe recordar que PSC y Comuns, junto con Junts y ERC, son socios del gobierno metropolitano a cuatro.

Balmón enmendó a Sanz en cuanto a la crítica de la edil barcelonesa de que la nueva concesión es la "crónica de una privatización anunciada". "Una concesión no es una privatización: el control es público y las inversiones de la empresa mixta las decide esta casa", esgrimió el alcalde del Baix Llobregat.

El socialista aprovechó su réplica a Sanz para asumir su responsabilidad cuando apoyó, en abril del 2017, una modificación del reglamento metropolitano del servicio de agua impulsada por los Comuns de Colau que posteriormente tumbó el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) para ratificar la competencia exclusiva del AMB, sin autonomía de los ayuntamientos, en el servicio del agua. "Supuestamente no iba a ocurrir nada y luego nos llegó una sentencia judicial durísima", zanjó Balmón.

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