Opinión | Francia
Joan López Alegre

Joan López Alegre

Periodista y exdiputado en el Parlament

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Le Pen condenada, en España se hubiera ido de rositas

No es admisible alegar que la condena vulnera la voluntad popular, dado que también altera las reglas del juego si un partido dispone de más recursos que otro por hacer un uso fraudulento del dinero público

La justicia francesa condena a Marine Le Pen a cinco años de inhabilitación por el caso de los falsos asistentes parlamentarios

Marine Le Pen replica a su inhabilitación con un llamamiento a la movilización popular y arremetiendo contra los jueces

La líder de Reagrupación Nacional, Marine Le Pen, a su llegada al Tribunal de París, este lunes.

La líder de Reagrupación Nacional, Marine Le Pen, a su llegada al Tribunal de París, este lunes. / MOHAMMED BADRA / EFE

Ha dado igual que Marine Le Pen encabezara todas las encuestas para ser presidenta de la República francesa, los jueces no deben entender de demoscopia sino de delitos y Le Pen desvió fondos y personal del Parlamento Europeo hacia su partido. Eso es malversación y es punible.

Es ejemplarizante que alguien que tiene al alcance ser el primero de los franceses sea condenado como cualquier otro ciudadano. La república existe cuando los poderosos no tienen privilegios de los que no goza el pueblo.

Agrupación Nacional, el partido de Le Pen, seguirá siendo el primer partido de Francia y aspirando a ganar las próximas elecciones presidenciales. Si Jordan Bardella sustituye a Le Pen incluso puede lograr mejor resultado que su mentora, pero si el lepenismo llega al Elíseo o no, lo decidirá el pueblo soberano y no un magistrado.

No es admisible alegar que la condena vulnera la voluntad popular, dado que también altera las reglas del juego democrático si un partido dispone de más recursos que otro por hacer un uso fraudulento del dinero público.

Francia nos ha dado una lección. En España Le Pen no hubiera sido condenada. En diciembre de 2022, Pedro Sánchez y ERC pactaron una reforma legal que creó la figura del “uso temporal de bienes públicos sin ánimo de apropiación”. La reforma legal, pensada para favorecer a los líderes del 'procés' y reducir su pena por malversación es lo que ahora le hubiera ido a Le Pen como anillo al dedo.

Nuestro país no siempre fue un lugar donde los políticos pactaban entre ellos beneficios económicos o penitenciarios a cambio de poder. En 2003, el Parlamento Europeo exigió al entonces diputado batasuno Koldo Gorostiaga que devolviera 173.473 euros de fondos con un uso sin justificar. En la España de hoy, lamentablemente, todo el gobierno hubiera salido en defensa del europarlamentario batasuno, solo por ser imprescindible para mantener la mayoría sanchista.  

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